viernes, 22 de febrero de 2019
domingo, 27 de junio de 2010
Alexandre Petión
Alexandre Petión (Puerto Príncipe, 1770 - 1818), militar y político haitiano. En 1791, participó en la revuelta negra contra los colonizadores, pero, por desacuerdos con François Dominique Toussaint-Louverture, emigró a Francia, desde donde regresó a Haití con la expedición de Charles-Victor-Emmanuel Leclerc (1801). Luchó contra Toussaint Louverture y Jean Jacques Dessalines, pero en 1802 se pasó al bando insurrecto. Nombrado Primer Presidente de la República en 1807, en 1816 obtuvo el cargo a perpetuidad y promulgó una Constitución.
Biografía
Nació en Puerto Príncipe, hijo de una mujer negra (la dama Úrsula) y de un colono francés (Pascal Sabés). En 1788 fue enviado a Francia para estudiar en la Academia militar de París. Adopta el pseudónimo de Petión en honor de Petión de Villeneuve, que fue miembro de la Convención y de la Sociedad de los amigos de los negros. De vuelta a su isla natal, participa en la campaña de expulsión de los británicos y de los españoles (1798-1799). Toma partido por André Rigaud, líder de las gentes de color libres, con François Dominique Toussaint - Louverture durante la Guerra de los Cuchillos que empezó en junio de 1799. Desde noviembre la facción mulata se encuentra acorralada en el puerto estratégicamente importante de Jacmel, en la costa meridional. Pétion encabeza la defensa, y Jean Jacques Dessalines dirige el asalto. La caída de Jacmel en marzo de 1800 pone fin a la revuelta y Pétion, junto con otros dirigentes de color, se exilia a Francia.
En febrero de 1802, Petión vuelve a Santo Domingo con Jean Pierre Boyer, Rigaud y una armada de 12.000 franceses a las órdenes de Charles-Victor-Emmanuel Leclerc, cuñado de Napoleón Bonaparte. Después de la traición de Toussaint llevada a cabo contra Francia, Petión se incorpora a las fuerzas nacionalistas en octubre de 1802 (con motivo de la conferencia secreta de Arcahaie) y da su apoyo a Dessalines. El general Clairveaux es el adjunto principal de Petión en esos momentos. La fuerza expedicionaria es derrotada el 17 de octubre de 1803 y Haití se convierte en una República independiente el 1 de enero de 1804. Los jefes del ejército designan a Dessalines como Gobernador General Vitalicio, y el 2 de septiembre de 1804 se proclama el Imperio y se corona Emperador el 6 de octubre de 1804.
Petión se encuentra entre los que proponen el asesinato del Emperador en octubre de 1806 y, seguidamente, reivindica la democracia liberal contra Henri Christophe. Christophe, elegido presidente, rompe con el Senado controlado por Petión y Haití se divide en dos Estados. El Senado, que no reconoce a Christophe como presidente, elige como tal a Petión. El 27 de enero de 1807 el Senado despojó de todos sus cargos a Christophe y alegando que éste no había jurado la Presidencia de la República, procedió a elegir Primer Presidente de la República a Petión. Una guerra ridícula se desarrollará luego hasta 1810. Christophe controlará el norte (feudo tradicional de las facciones negras radicales) en tanto que Pétion lo hará en el sur.
Conociendo la aspiración de los campesinos (antiguos esclavos) por convertirse en propietarios, Petión decide repartir las plantaciones entre los antiguos colonos y el pueblo. Esta acción provoca el reconocimiento del pueblo que le bautiza como Papá Bon-Kè (Papá buen corazón). Sin embargo la economía haitiana, basada en la exportación del azúcar y del café, está a punto de convertirse en una autarquía y en una agricultura de mera subsistencia.
En 1815 el líder haitiano convoca a Bolívar, que se encontraba refugiado en Jamaica, deprimido y al borde del suicidio. Petión le ofrece al futuro libertador armas, barcos y soldados para retomar la lucha por la independencia americana. El haitiano planteó a Bolívar -y así se lo hizo firmar- que a cambio de éste apoyo los revolucionarios sudamericanos debían decretar la abolición de la esclavitud en América. Bolívar asumió el compromiso y partió al continente con soldados seleccionados por el propio Petión. Ya triunfante, y antes del encuentro con San Martín dijo:
“Perdida Venezuela y la Nueva Granada, la isla de Haití me recibió con hospitalidad: el magnánimo Presidente Alexander Petión me prestó su protección y bajo sus auspicios formé una expedición de 300 hombres comparables en valor, patriotismo y virtud a los compañeros de Leonidas...”.
Luego de vencer a los ejércitos colonialistas de Inglaterra, España y Francia el Haití de Alexander Petión se convirtió en refugio de muchos los patriotas latinoamericanos que debían asilarse, producto de sus ideas libertarias. Recibieron cálido hospedaje entre otros, Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Manuel Dorrego.
Funda el Liceo Pétion en Puerto Príncipe. En principio partidario de la democracia constitucional, Petión encontrará engorrosas las prohibiciones que le impone el Senado. En 1816 se proclama Presidente vitalicio y elabora, para la República haitiana, una constitución modelo, estableciendo las bases para el reconocimiento y la independencia de Haití. Pero las constantes conspiraciones contra él y contra el gobierno le llevan, en 1818, a disolver el Senado y gobernar como dictador.
Petión muere de fiebre amarilla en 1818, y le sucede su protegido Boyer.
domingo, 23 de mayo de 2010
El pago a Alan García
COBRÓ EN CARRETILLA
El presidente Alan García, tras retornar de su exilio dorado en Francia y luego de perder las elecciones presidenciales de 2001 exigió al Congreso de la República el pago de su pensión como ex jefe de Estado así como el total de los devengados -reintegro por los diez años que no cobró al Estado por este concepto-,...
Se hizo pagar una cifra astronómica por pensiones y reintegros no percibidos como senador vitalicio, ahora el Parlamento controlado por su partido oculta información.
Alan cobró al Congreso un millón 600 mil soles
Son sólo poses sus críticas a parlamentarios, dice la oposición.
El senador vitalicio estaba contemplado en la Constitución de 1979 para los ex presidentes de la República, pero fue eliminado en la carta fujimorista de 1993. El presidente Alan García, tras retornar de su exilio dorado en Francia y luego de perder las elecciones presidenciales de 2001 exigió al Congreso de la República el pago de su pensión como ex jefe de Estado así como el total de los devengados -reintegro por los diez años que no cobró al Estado por este concepto-, ante lo cual casi de inmediato la Mesa Directiva de entonces, presidida por Carlos Ferrero Costa, le apoquinó un millón 600 mil soles.“Yo autoricé ese pago porque no había razón legal para negarlo. Sería interesante que el Congreso publique el monto total cobrado por Alan García en ese reintegro”, sostuvo en diálogo con LA PRIMERA, Ferrero Costa, al recordar el pago efectuado por el anterior Congreso al presidente Aprista.Fue el ex legislador, Gilberto Díaz quien reveló a este diario que lo recibido por García en el 2002 ascendió a un millón 600,000 soles y que los exigió al año en que se realizaron las elecciones generales que perdió, es decir en el 2002 cuando era presidente del Parlamento Carlos Ferrero Costa.Según Díaz, el presidente García no sólo pidió que se le pague lo adeudado desde el año 1990, sino que además las pensiones de los años 2001 y 2002. Díaz aseguró que el mandatario si bien es cierto debió de percibir la pensión como ex senador vitalicio desde el 90, este cargo después desapareció con la nueva Constitución.Al respecto, detalló que si en aquel entonces el pago correspondiente a los legisladores era de 10 mil soles mensuales (líquidos) y que éstos percibían al año 14 sueldos, los que multiplicados entre sí más los diez años solicitados sumados a los dos años restantes (2001 y 2002) dan un total de un millón 600 mil soles.Ambos ex legisladores señalaron que a diferencia de García, el extinto ex presidente Fernando Belaunde Terry, cuando el gobierno de transición retomó el pago de sus pensiones correspondientes, en ningún momento pidió que se le pague los reintegros por los años dejados de cobrar.En la víspera, el mandatario García criticó que a un grupo de ex congresistas se les haya otorgado un bono para aumentar sus pensiones y dijo que esta medida constituye un abuso y una acción criminal que atenta contra el Estado. Lo hizo al ser consultado por la prensa sobre el acuerdo que emitió la Mesa Directiva del anterior Congreso, a través del cual se otorgó un bono permanente a los pensionistas de ese poder del Estado.En su defensa, el ex presidente del Parlamento dijo que el pago del bono se dispuso por recomendación del Tribunal Constitucional al tiempo que aclaró que tanto él como el resto de miembros de la Mesa que autorizaron el pago, Manuel Masías y Henry Pease, no cuentan con cédula viva. “Llama la atención que durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 las Mesas Directivas del Congreso presididas por Mercedes Cabanillas, Luis Gonzales Posada y Javier Velásquez Quesquén hayan continuado pagando esos bonos si no procedían. ¿Es que no se dieron cuenta o que dejaron pasar el tema?”, se preguntó.Ferrero aseguró que la llamada célula viva fue eliminada y derogada mediante la ley 28449 publicada el 20 de diciembre del 2004 que fue promovida, impulsada, gestionada y aprobada a propuesta del gabinete que el suscrito presidió durante el gobierno de Toledo.
El presidente Alan García, tras retornar de su exilio dorado en Francia y luego de perder las elecciones presidenciales de 2001 exigió al Congreso de la República el pago de su pensión como ex jefe de Estado así como el total de los devengados -reintegro por los diez años que no cobró al Estado por este concepto-,...
Se hizo pagar una cifra astronómica por pensiones y reintegros no percibidos como senador vitalicio, ahora el Parlamento controlado por su partido oculta información.
Alan cobró al Congreso un millón 600 mil soles
Son sólo poses sus críticas a parlamentarios, dice la oposición.
El senador vitalicio estaba contemplado en la Constitución de 1979 para los ex presidentes de la República, pero fue eliminado en la carta fujimorista de 1993. El presidente Alan García, tras retornar de su exilio dorado en Francia y luego de perder las elecciones presidenciales de 2001 exigió al Congreso de la República el pago de su pensión como ex jefe de Estado así como el total de los devengados -reintegro por los diez años que no cobró al Estado por este concepto-, ante lo cual casi de inmediato la Mesa Directiva de entonces, presidida por Carlos Ferrero Costa, le apoquinó un millón 600 mil soles.“Yo autoricé ese pago porque no había razón legal para negarlo. Sería interesante que el Congreso publique el monto total cobrado por Alan García en ese reintegro”, sostuvo en diálogo con LA PRIMERA, Ferrero Costa, al recordar el pago efectuado por el anterior Congreso al presidente Aprista.Fue el ex legislador, Gilberto Díaz quien reveló a este diario que lo recibido por García en el 2002 ascendió a un millón 600,000 soles y que los exigió al año en que se realizaron las elecciones generales que perdió, es decir en el 2002 cuando era presidente del Parlamento Carlos Ferrero Costa.Según Díaz, el presidente García no sólo pidió que se le pague lo adeudado desde el año 1990, sino que además las pensiones de los años 2001 y 2002. Díaz aseguró que el mandatario si bien es cierto debió de percibir la pensión como ex senador vitalicio desde el 90, este cargo después desapareció con la nueva Constitución.Al respecto, detalló que si en aquel entonces el pago correspondiente a los legisladores era de 10 mil soles mensuales (líquidos) y que éstos percibían al año 14 sueldos, los que multiplicados entre sí más los diez años solicitados sumados a los dos años restantes (2001 y 2002) dan un total de un millón 600 mil soles.Ambos ex legisladores señalaron que a diferencia de García, el extinto ex presidente Fernando Belaunde Terry, cuando el gobierno de transición retomó el pago de sus pensiones correspondientes, en ningún momento pidió que se le pague los reintegros por los años dejados de cobrar.En la víspera, el mandatario García criticó que a un grupo de ex congresistas se les haya otorgado un bono para aumentar sus pensiones y dijo que esta medida constituye un abuso y una acción criminal que atenta contra el Estado. Lo hizo al ser consultado por la prensa sobre el acuerdo que emitió la Mesa Directiva del anterior Congreso, a través del cual se otorgó un bono permanente a los pensionistas de ese poder del Estado.En su defensa, el ex presidente del Parlamento dijo que el pago del bono se dispuso por recomendación del Tribunal Constitucional al tiempo que aclaró que tanto él como el resto de miembros de la Mesa que autorizaron el pago, Manuel Masías y Henry Pease, no cuentan con cédula viva. “Llama la atención que durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 las Mesas Directivas del Congreso presididas por Mercedes Cabanillas, Luis Gonzales Posada y Javier Velásquez Quesquén hayan continuado pagando esos bonos si no procedían. ¿Es que no se dieron cuenta o que dejaron pasar el tema?”, se preguntó.Ferrero aseguró que la llamada célula viva fue eliminada y derogada mediante la ley 28449 publicada el 20 de diciembre del 2004 que fue promovida, impulsada, gestionada y aprobada a propuesta del gabinete que el suscrito presidió durante el gobierno de Toledo.
domingo, 16 de mayo de 2010
Gas de camisea
César Lévano
GAS DE CAMISEA : "DELINCUENCIA OFICIAL" El Perú padece una tradición de políticos contrarios al interés nacional. La oligarquía encabezada por Felipe Pardo participando en una invasión chilena para eliminar la Confederación Perú-Boliviana. Piérola negociando, durante la guerra del Pacífico, con la firma Dreyfus, que estafaba y debilitaba al país en pleno conflicto. Jorge Basadre lo anota en su Historia de la República del Perú.
Ante nuestros ojos asoma hoy un nuevo caso de eso que, en su libro Antología de Traiciones, Héctor Vargas Haya denomina “delincuencia oficial”. Ocurre respecto del gas de Camisea.
Hace pocos años, cuando el gobierno de Alejandro Toledo había prometido que el gas serviría ante todo a la economía peruana, Pedro Pablo Kuczynski fue a Chile, sin misión oficial, a prometer que ese recurso iba a ser para Chile.
Sin duda por eso se modificó arbitrariamente el contrato original, que establecía que no se podría exportar gas natural si, en un horizonte de 20 años, no estaba garantizado al abastecimiento del mercado local.
El presidente Alan García defiende la exportación con el pretexto de que los contratos se respetan. Depende. No olvidemos que el presidente de Estados Unidos George W. Bush anuló un contrato, por él firmado, que daba en concesión los principales puertos de su país a un consorcio de los Emiratos Árabes Unidos. Evo Morales anuló contratos de hidrocarburos lesivos a su patria. Hubo protestas chillonas de los afectados, pero al final se quedaron en Bolivia.
También el premier Javier Velásquez Quesquén aboga por el contrato exportador.
No tienen perdón. Por lo menos Pedro Pablo Kuczynski puede alegar que él es, ante todo, ciudadano de Estados Unidos, país que exige esa primacía para otorgar su nacionalidad. El Perú es para PPK un centro de negocios, en el cual hay gobernantes corruptos, y los inversionistas tienen derecho a llevarse lo que quieran, a donde quieran.
Están en juego no sólo miles de millones de dólares, sino, más aún, posibilidades de avance económico, incluida la vital, rentable, petroquímica del sur.
El presidente Alan García es conocido por su propensión a favorecer a empresarios extranjeros, sobre todo si son chilenos. Algún interés tendrá. Pero en el caso de Camisea puede estar provocando un conflicto mayor.
Hugo Ordóñez, presidente de la región Tacna y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ha advertido: “No vamos a permitir que ni una sola molécula de gas vaya a México, si antes no se garantiza la atención del consumo interno”.
Ahora bien, Ollanta Humala y el especialista Jorge Manco Zaconetti han señalado que México ha decidido no recibir gas hasta 2011.
El temor es que el gas se envíe a Chile. ¿Pensará García que los chilenos son primero que los peruanos?
El país debe estar alerta.
Ante nuestros ojos asoma hoy un nuevo caso de eso que, en su libro Antología de Traiciones, Héctor Vargas Haya denomina “delincuencia oficial”. Ocurre respecto del gas de Camisea.
Hace pocos años, cuando el gobierno de Alejandro Toledo había prometido que el gas serviría ante todo a la economía peruana, Pedro Pablo Kuczynski fue a Chile, sin misión oficial, a prometer que ese recurso iba a ser para Chile.
Sin duda por eso se modificó arbitrariamente el contrato original, que establecía que no se podría exportar gas natural si, en un horizonte de 20 años, no estaba garantizado al abastecimiento del mercado local.
El presidente Alan García defiende la exportación con el pretexto de que los contratos se respetan. Depende. No olvidemos que el presidente de Estados Unidos George W. Bush anuló un contrato, por él firmado, que daba en concesión los principales puertos de su país a un consorcio de los Emiratos Árabes Unidos. Evo Morales anuló contratos de hidrocarburos lesivos a su patria. Hubo protestas chillonas de los afectados, pero al final se quedaron en Bolivia.
También el premier Javier Velásquez Quesquén aboga por el contrato exportador.
No tienen perdón. Por lo menos Pedro Pablo Kuczynski puede alegar que él es, ante todo, ciudadano de Estados Unidos, país que exige esa primacía para otorgar su nacionalidad. El Perú es para PPK un centro de negocios, en el cual hay gobernantes corruptos, y los inversionistas tienen derecho a llevarse lo que quieran, a donde quieran.
Están en juego no sólo miles de millones de dólares, sino, más aún, posibilidades de avance económico, incluida la vital, rentable, petroquímica del sur.
El presidente Alan García es conocido por su propensión a favorecer a empresarios extranjeros, sobre todo si son chilenos. Algún interés tendrá. Pero en el caso de Camisea puede estar provocando un conflicto mayor.
Hugo Ordóñez, presidente de la región Tacna y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ha advertido: “No vamos a permitir que ni una sola molécula de gas vaya a México, si antes no se garantiza la atención del consumo interno”.
Ahora bien, Ollanta Humala y el especialista Jorge Manco Zaconetti han señalado que México ha decidido no recibir gas hasta 2011.
El temor es que el gas se envíe a Chile. ¿Pensará García que los chilenos son primero que los peruanos?
El país debe estar alerta.
domingo, 4 de abril de 2010
Las Torres Gemelas(será cierto)
Las siguientes son una explicación de lo que podría haber sucedido con las torres gemelas y dejarían de lado las explicaciones dadas por la prensa norteamericana.
http://www.youtube.com/watch?v=C8sQWPJPBE0
http://www.youtube.com/watch?v=ODThokXeG8M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C8sQWPJPBE0
http://www.youtube.com/watch?v=ODThokXeG8M&feature=related
Problema Limitrofe con Chile
Opinion
Perú no ha solicitado modificar límite terrestre, lo que demanda es la delimitación marítima entre los dos países
Chile sabe que está perdido en La Haya y ahora trata de que la Corte no atienda la demanda peruana
Javier Valle-Riestra (*)
La prensa local exagera y demuestra no vislumbrar la frágil posición chilena esbozada en El Mercurio de ayer. En dos palabras: los sureños sostendrán en su Contra- Memoria que el Tratado Rada y Gamio – Figueroa Larraín de 1929 es intangible y que los límites territoriales del Perú- Chile ya están allí fijados. Pero eso es descubrir la ley de la gravedad. No pretendemos semejante modificación.
Se sabe que Bachelet entregó a Piñera detalles del documento que Chile presentará ante el Tribunal de La Haya, antes del próximo 9 de marzo. No sólo insistirán en que el límite marítimo ya fue fijado por los “Tratados”(sic) de 1952 y 1954, sino que sostendrán que La Haya debería restringir su competencia y abstenerse de dirimir la petición peruana de cambiar también el límite terrestre, arguyendo a supuestas atribuciones de arbitraje del Presidente de los Estados Unidos, según el Tratado de 1929.
Recapitulemos. Destrozada Bolivia que perdió todo su litoral y vencidos nosotros nos vimos obligados a firmar un Tratado de Paz (Ancón, 20 de octubre de 1883) en cuya virtud cedimos perpetua e incondicionalmente el territorio de la provincia de Tarapacá y en el Art. 3° de ese Convenio pactamos que Tacna y Arica continuarían poseídas por Chile durante diez años y que, expirado este plazo, un plebiscito decidiría si el territorio de las provincias referidas quedaba definitivamente del domino de Chile o si continuaban formando parte del nuestro.
En 1894 reclamamos el referéndum. Chile lo saboteó criminalmente. Se recurrió al arbitraje del Presidente USA Coolidge (1925), quien emitió un Laudo señalando candorosamente que el plebiscito podía llevarse a cabo. El General americano John Pershing, héroe de la I Guerra mundial (1914-1918), con quien tenemos una deuda inmensa impagable, representó a EE.UU. dignísimamente en la zona plebiscitaria y precisó en su informe final que no era viable dicha consulta por el vandalismo chileno.
Llegó a decir: “Al concentrar la atención sobre unos cuantos incidentes de los más típicos, que se ha confirmado han existido tan abundantemente en el territorio plebiscitario, y que demuestran un estado de terrorismo que hace impracticable celebrar un libre y honrado plebiscito”. Su sucesor, el General norteamericano William Lassiter, repitió iguales conceptos.
El plebiscito quedó frustrado. Leguía se vio obligado a firmar el Tratado Rada y Gamio – Figueroa Larraín (1929) en cuya virtud cedimos Arica para siempre y recuperamos Tacna. Chile en cien años había avanzado así genocidamente desde el paralelo 26° al 18°, dejando a Bolivia enclaustrada y sin mar y despojándonos de Tarapacá y Arica.
¿Se puede confiar en Chile, país tercermundista de entraña imperial? Es falso que sea socialista. Es pinochetista porque es militarista, hegemónico y totalitario. Así como el nazismo que es anterior al III Reich, Pinochet y Hitler son intérpretes ideológicos de sentimientos nacionales preexistentes.
El Artículo XIII del Tratado de 1929 preceptúa:
“Para el caso en que los Gobiernos del Perú y de Chile, no estuvieren de acuerdo en la interpretación que den a cada una de las diferentes disposiciones de este Tratado y en que, a pesar de su buena voluntad, no pudieren ponerse de acuerdo, decidirá el Presidente de los Estados Unidos de América la controversia.
Pero ese arbitraje no se refiere al mar, sino a hitos colocados en el territorio continental. Hoy existe un nuevo estatus, que es el Derecho del Mar. El mar de antaño era de tres millas. El mar era unidimensional y no pluridimensional como hoy, con fondos marítimos y espacio aéreo.
II
En nuestra demanda ante el Tribunal de La Haya hemos precisado claramente la materia del dubium: es un asunto de Derecho del Mar. Chile ha aceptado tácitamente la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Eso no lo discutiría ningún procesalista. Pudo presentar una excepción preliminar de competencia. Para eso tenía tres meses, a partir de la presentación de la Memoria. Hoy esa discusión es extemporánea.
Chile pudo contestar con excepciones dilatorias procesales o de forma y materiales o de fondo: falta de competencia de la CIJ; defecto en el modo de proponer la demanda; faltas de personería del Estado demandante; falta de personería en el agente del Estado; litispendencia.
Insistirán en la Declaración de Santiago (1952), cuando ésta solo fue una autodefensa de Chile, Ecuador y Perú para proteger la caza y la pesca de las flotas imperialistas. Invocarán su complementaria Zona Especial Fronteriza (1954), introductor de un sistema de sanciones de vigilancia, de permisos contra el enemigo común.
Y llegarán al extremo absurdo de sostener que unas actas sobre instalación de faros (1968-69) han modificado el Tratado de Límites. Unos electricistas habrían decidido lo no celebrado por nuestros Parlamentos.
Veamos lo dicho por nosotros en nuestra Acción ante La Haya para que se vislumbre los parámetros del debate.
Primero.- La controversia entre el Perú y Chile está referida a la delimitación del límite entre las zonas; marítimas de los dos Estados en el Océano Pacífico, que comienza en un punto en la costa denominado Concordia, conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La controversia entre el Perú y Chile también comprende el reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las doscientas millas marinas adyacentes a la costa peruana, y que por tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte del alta mar.
Segundo.- Las zonas marítimas entre el Perú y Chile nunca han sido delimitadas ni por acuerdo ni de alguna otra forma. El Perú, consiguientemente, sostiene que la delimitación deberá ser determinada por la Corte conforme al Derecho Internacional.
Tercero.- Chile sostiene que ambos Estados han acordado una delimitación marítima, que comienza en la costa y continúa a lo largo de un paralelo de latitud. Aún más, Chile ha rehusado reconocer los derechos soberanos del Perú sobre un área marítima situada dentro del límite de doscientas millas marinas desde sus costas (y que se encuentra fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile).
Cuarto.- Desde la década del ochenta, el Perú ha intentado reiteradamente negociar las diversas cuestiones incluidas en esta controversia, pero ha encontrado la constante negativa chilena a entrar en negociaciones. Mediante Nota de su Ministro de Relaciones Exteriores, del 10 de septiembre de 2004, Chile cerró firmemente la puerta a cualquier negociación.
Quinto.- Por eso, con base en normas ecuménicas, el Perú solicita a la Corte que determine el curso del límite marítimo entre los dos Estados conforme al derecho internacional e igualmente solicita a la Corte que reconozca y declare que el Perú posee derechos soberanos exclusivos en el área marítima situada dentro del límite de doscientas millas marinas de su costa y fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile.
III
Existe jurisprudencia sobre fijación de límites marítimos resueltos por el Tribunal de La Haya (sentencias en los casos de Gran Bretaña vs. Islandia y de República Federal Alemana vs. Islandia, 1974). Se resolvió que “un Estado ribereño al invocar sus derechos preferenciales no tiene la libertad de fijar de manera unilateral y totalmente discrecional la extensión de ese derecho”. Estos fallos se fundaron en jurisprudencia anterior; de manera especial invocaron la sentencia de 1951, en el caso de las pesquerías entre Gran Bretaña y Noruega (ítem 61). Se sentenció:
“La delimitación de los espacios marinos ha tenido siempre un aspecto internacional y no podría depender de la sola voluntad del Estado ribereño, tal como estuviera expresada en su derecho interno. Si es verdad que el acto de la delimitación es esencialmente unilateral, porque tan solo el Estado ribereño tiene competencia para hacerlo, de otro lado, la validez de la delimitación respecto de otros Estados deriva del derecho internacional”.
IV
Una dolosa interpretación chilena ha originado así la formación en el océano de dos triángulos que, aunque se encuentran dentro de la proyección de las doscientas millas desde las costas peruanas, en la práctica no forman parte de nuestro dominio marítimo. El primer triángulo, que en la realidad se encuentra bajo la soberanía chilena (el más cercano a la costa continental) tiene un área aproximada de 11.090 millas marinas cuadradas o 38,038 km2; ello es superior al área sumada de Tacna y Moquegua, así como al área del departamento de Lima, de Piura o Ancash.
El segundo triángulo, que en la realidad se encuentra en alta mar, tiene un área de 8,308 millas marinas cuadradas o 28,496 km2; éste debe también ser reivindicado por el Perú. Sostienen testarudamente que la delimitación fue ya establecida –entre otros documentos- por la Declaración sobre Zona Marítima, celebrada en Santiago el 18 de agosto de 1952, la que tuvo, empero, un fin limitadísimo: proteger los recursos marítimos de Chile-Perú-Ecuador y conjurar la caza de la ballena por embarcaciones imperialistas.
Se suscribió una Declaración. Una proclama. No un Tratado. Fue un manifiesto político. Un proto-derecho en el que proclamamos como norma de política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusivas hasta una distancia mínima de doscientas millas. Hablóse autodefensiva y empíricamente de mar territorial y de paso inocente, características del mar- territorio.
No existe elemento para afirmar que perfeccionáramos una delimitación marítima. No estuvo en la mente de los promotores --industriales balleneros del Perú y Chile-; no fue materia de instrucciones ministeriales; no aparece del desarrollo de los trabajos o de los antecedentes documentales; tampoco fue mencionado en los actos oficiales; no lo concibieron así los juristas de la Declaración, Cruz Ocampo y Alberto Ulloa.
Releyendo antecedentes parlamentarios para su superflua aprobación (1955) apreciamos que el Congreso denominó a este instrumento Acuerdo y no Tratado. Inclusive, no fue publicado en el diario oficial. No tuvo efectos jurígenos.
Por eso La Haya resolverá esta polémica como en los casos RFA con Dinamarca y Holanda (1969); Túnez-Libia (1982) en que aplicó principios equitativos, líneas equidistantes; o el de Dinamarca-Noruega (1993) en que reguló la bisectriz, límites matemáticamente iguales. No permitamos que Chile nos usurpe con su geopolítico Mar Presencial. Ya nos despojó de Tarapacá y de Arica.
Recordemos el axioma “Potestas terrum finit ubi finitum armorum vis”. La potestad territorial termina donde finaliza la fuerza de las armas. Fortalezcámonos porque así venzamos en La Haya, si somos una nación timorata y desarmada, habremos perdido militarmente lo ganado con papel sellado. Un pueblo que no lleva el hierro en sus manos, termina arrastrándolo en los tobillos.
(*) Jurista y congresista.
Diario La Razon 06FEB10
Perú no ha solicitado modificar límite terrestre, lo que demanda es la delimitación marítima entre los dos países
Chile sabe que está perdido en La Haya y ahora trata de que la Corte no atienda la demanda peruana
Javier Valle-Riestra (*)
La prensa local exagera y demuestra no vislumbrar la frágil posición chilena esbozada en El Mercurio de ayer. En dos palabras: los sureños sostendrán en su Contra- Memoria que el Tratado Rada y Gamio – Figueroa Larraín de 1929 es intangible y que los límites territoriales del Perú- Chile ya están allí fijados. Pero eso es descubrir la ley de la gravedad. No pretendemos semejante modificación.
Se sabe que Bachelet entregó a Piñera detalles del documento que Chile presentará ante el Tribunal de La Haya, antes del próximo 9 de marzo. No sólo insistirán en que el límite marítimo ya fue fijado por los “Tratados”(sic) de 1952 y 1954, sino que sostendrán que La Haya debería restringir su competencia y abstenerse de dirimir la petición peruana de cambiar también el límite terrestre, arguyendo a supuestas atribuciones de arbitraje del Presidente de los Estados Unidos, según el Tratado de 1929.
Recapitulemos. Destrozada Bolivia que perdió todo su litoral y vencidos nosotros nos vimos obligados a firmar un Tratado de Paz (Ancón, 20 de octubre de 1883) en cuya virtud cedimos perpetua e incondicionalmente el territorio de la provincia de Tarapacá y en el Art. 3° de ese Convenio pactamos que Tacna y Arica continuarían poseídas por Chile durante diez años y que, expirado este plazo, un plebiscito decidiría si el territorio de las provincias referidas quedaba definitivamente del domino de Chile o si continuaban formando parte del nuestro.
En 1894 reclamamos el referéndum. Chile lo saboteó criminalmente. Se recurrió al arbitraje del Presidente USA Coolidge (1925), quien emitió un Laudo señalando candorosamente que el plebiscito podía llevarse a cabo. El General americano John Pershing, héroe de la I Guerra mundial (1914-1918), con quien tenemos una deuda inmensa impagable, representó a EE.UU. dignísimamente en la zona plebiscitaria y precisó en su informe final que no era viable dicha consulta por el vandalismo chileno.
Llegó a decir: “Al concentrar la atención sobre unos cuantos incidentes de los más típicos, que se ha confirmado han existido tan abundantemente en el territorio plebiscitario, y que demuestran un estado de terrorismo que hace impracticable celebrar un libre y honrado plebiscito”. Su sucesor, el General norteamericano William Lassiter, repitió iguales conceptos.
El plebiscito quedó frustrado. Leguía se vio obligado a firmar el Tratado Rada y Gamio – Figueroa Larraín (1929) en cuya virtud cedimos Arica para siempre y recuperamos Tacna. Chile en cien años había avanzado así genocidamente desde el paralelo 26° al 18°, dejando a Bolivia enclaustrada y sin mar y despojándonos de Tarapacá y Arica.
¿Se puede confiar en Chile, país tercermundista de entraña imperial? Es falso que sea socialista. Es pinochetista porque es militarista, hegemónico y totalitario. Así como el nazismo que es anterior al III Reich, Pinochet y Hitler son intérpretes ideológicos de sentimientos nacionales preexistentes.
El Artículo XIII del Tratado de 1929 preceptúa:
“Para el caso en que los Gobiernos del Perú y de Chile, no estuvieren de acuerdo en la interpretación que den a cada una de las diferentes disposiciones de este Tratado y en que, a pesar de su buena voluntad, no pudieren ponerse de acuerdo, decidirá el Presidente de los Estados Unidos de América la controversia.
Pero ese arbitraje no se refiere al mar, sino a hitos colocados en el territorio continental. Hoy existe un nuevo estatus, que es el Derecho del Mar. El mar de antaño era de tres millas. El mar era unidimensional y no pluridimensional como hoy, con fondos marítimos y espacio aéreo.
II
En nuestra demanda ante el Tribunal de La Haya hemos precisado claramente la materia del dubium: es un asunto de Derecho del Mar. Chile ha aceptado tácitamente la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Eso no lo discutiría ningún procesalista. Pudo presentar una excepción preliminar de competencia. Para eso tenía tres meses, a partir de la presentación de la Memoria. Hoy esa discusión es extemporánea.
Chile pudo contestar con excepciones dilatorias procesales o de forma y materiales o de fondo: falta de competencia de la CIJ; defecto en el modo de proponer la demanda; faltas de personería del Estado demandante; falta de personería en el agente del Estado; litispendencia.
Insistirán en la Declaración de Santiago (1952), cuando ésta solo fue una autodefensa de Chile, Ecuador y Perú para proteger la caza y la pesca de las flotas imperialistas. Invocarán su complementaria Zona Especial Fronteriza (1954), introductor de un sistema de sanciones de vigilancia, de permisos contra el enemigo común.
Y llegarán al extremo absurdo de sostener que unas actas sobre instalación de faros (1968-69) han modificado el Tratado de Límites. Unos electricistas habrían decidido lo no celebrado por nuestros Parlamentos.
Veamos lo dicho por nosotros en nuestra Acción ante La Haya para que se vislumbre los parámetros del debate.
Primero.- La controversia entre el Perú y Chile está referida a la delimitación del límite entre las zonas; marítimas de los dos Estados en el Océano Pacífico, que comienza en un punto en la costa denominado Concordia, conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La controversia entre el Perú y Chile también comprende el reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las doscientas millas marinas adyacentes a la costa peruana, y que por tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte del alta mar.
Segundo.- Las zonas marítimas entre el Perú y Chile nunca han sido delimitadas ni por acuerdo ni de alguna otra forma. El Perú, consiguientemente, sostiene que la delimitación deberá ser determinada por la Corte conforme al Derecho Internacional.
Tercero.- Chile sostiene que ambos Estados han acordado una delimitación marítima, que comienza en la costa y continúa a lo largo de un paralelo de latitud. Aún más, Chile ha rehusado reconocer los derechos soberanos del Perú sobre un área marítima situada dentro del límite de doscientas millas marinas desde sus costas (y que se encuentra fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile).
Cuarto.- Desde la década del ochenta, el Perú ha intentado reiteradamente negociar las diversas cuestiones incluidas en esta controversia, pero ha encontrado la constante negativa chilena a entrar en negociaciones. Mediante Nota de su Ministro de Relaciones Exteriores, del 10 de septiembre de 2004, Chile cerró firmemente la puerta a cualquier negociación.
Quinto.- Por eso, con base en normas ecuménicas, el Perú solicita a la Corte que determine el curso del límite marítimo entre los dos Estados conforme al derecho internacional e igualmente solicita a la Corte que reconozca y declare que el Perú posee derechos soberanos exclusivos en el área marítima situada dentro del límite de doscientas millas marinas de su costa y fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile.
III
Existe jurisprudencia sobre fijación de límites marítimos resueltos por el Tribunal de La Haya (sentencias en los casos de Gran Bretaña vs. Islandia y de República Federal Alemana vs. Islandia, 1974). Se resolvió que “un Estado ribereño al invocar sus derechos preferenciales no tiene la libertad de fijar de manera unilateral y totalmente discrecional la extensión de ese derecho”. Estos fallos se fundaron en jurisprudencia anterior; de manera especial invocaron la sentencia de 1951, en el caso de las pesquerías entre Gran Bretaña y Noruega (ítem 61). Se sentenció:
“La delimitación de los espacios marinos ha tenido siempre un aspecto internacional y no podría depender de la sola voluntad del Estado ribereño, tal como estuviera expresada en su derecho interno. Si es verdad que el acto de la delimitación es esencialmente unilateral, porque tan solo el Estado ribereño tiene competencia para hacerlo, de otro lado, la validez de la delimitación respecto de otros Estados deriva del derecho internacional”.
IV
Una dolosa interpretación chilena ha originado así la formación en el océano de dos triángulos que, aunque se encuentran dentro de la proyección de las doscientas millas desde las costas peruanas, en la práctica no forman parte de nuestro dominio marítimo. El primer triángulo, que en la realidad se encuentra bajo la soberanía chilena (el más cercano a la costa continental) tiene un área aproximada de 11.090 millas marinas cuadradas o 38,038 km2; ello es superior al área sumada de Tacna y Moquegua, así como al área del departamento de Lima, de Piura o Ancash.
El segundo triángulo, que en la realidad se encuentra en alta mar, tiene un área de 8,308 millas marinas cuadradas o 28,496 km2; éste debe también ser reivindicado por el Perú. Sostienen testarudamente que la delimitación fue ya establecida –entre otros documentos- por la Declaración sobre Zona Marítima, celebrada en Santiago el 18 de agosto de 1952, la que tuvo, empero, un fin limitadísimo: proteger los recursos marítimos de Chile-Perú-Ecuador y conjurar la caza de la ballena por embarcaciones imperialistas.
Se suscribió una Declaración. Una proclama. No un Tratado. Fue un manifiesto político. Un proto-derecho en el que proclamamos como norma de política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusivas hasta una distancia mínima de doscientas millas. Hablóse autodefensiva y empíricamente de mar territorial y de paso inocente, características del mar- territorio.
No existe elemento para afirmar que perfeccionáramos una delimitación marítima. No estuvo en la mente de los promotores --industriales balleneros del Perú y Chile-; no fue materia de instrucciones ministeriales; no aparece del desarrollo de los trabajos o de los antecedentes documentales; tampoco fue mencionado en los actos oficiales; no lo concibieron así los juristas de la Declaración, Cruz Ocampo y Alberto Ulloa.
Releyendo antecedentes parlamentarios para su superflua aprobación (1955) apreciamos que el Congreso denominó a este instrumento Acuerdo y no Tratado. Inclusive, no fue publicado en el diario oficial. No tuvo efectos jurígenos.
Por eso La Haya resolverá esta polémica como en los casos RFA con Dinamarca y Holanda (1969); Túnez-Libia (1982) en que aplicó principios equitativos, líneas equidistantes; o el de Dinamarca-Noruega (1993) en que reguló la bisectriz, límites matemáticamente iguales. No permitamos que Chile nos usurpe con su geopolítico Mar Presencial. Ya nos despojó de Tarapacá y de Arica.
Recordemos el axioma “Potestas terrum finit ubi finitum armorum vis”. La potestad territorial termina donde finaliza la fuerza de las armas. Fortalezcámonos porque así venzamos en La Haya, si somos una nación timorata y desarmada, habremos perdido militarmente lo ganado con papel sellado. Un pueblo que no lleva el hierro en sus manos, termina arrastrándolo en los tobillos.
(*) Jurista y congresista.
Diario La Razon 06FEB10
domingo, 21 de marzo de 2010
PORQUE PERDIMOS EL HUASCAR?
Por peleas entre peruanos (Pierolistas, Pradistas, etc.), e Inglaterra de por medio, perdimos El Huáscar. Para que esa mala fe histórica desaparezca, por favor, lean este documento:
Por peleas entre peruanos (Pierolistas, Pradistas, etc.), e Inglaterra de por medio, perdimos El Huáscar. Para que esa mala fe histórica desaparezca, por favor, lean este documento:
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Mensaje del señor Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui (piurano) acerca del 8 de octubre, aniversario del combate naval de Angamos, y el paso a la gloria de nuestro Caballero de los Mares, don Miguel Grau Seminario. El contenido del mensaje del señor Sánchez es impecable por eso siento que voy a cometer un desatino al remitirles esta información histórica, y si ustedes lo consideran así por favor les solicito que lo entiendan como un exabrupto recontra nacionalista y chauvinista, (recordemos al sargento de la Gran Armeé de Napoleón Bonaparte, Nicolás Chauvin, herido 17 veces en combate).La sentencia de muerte contra don Miguel Grau Seminario fue dictada cuando a un Presidente de la República se le ocurrió decir que: '...el Perú no necesita adquirir otros buques de guerra acorazados porque ya tiene dos: el Argentina y el Bolivia', refiriéndose al presunto apoyo de estos dos países ante la casi segura guerra que Chile preparaba (alentada por Inglaterra, claro está).
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